Desde hace cuatro años que Fabián Arcilla fue inhabilitado administrativamente por el Mindeporte para ejercer al frente de la Federación Venezolana de Patinaje, sin embargo, haciendo caso omiso a ello el dirigente ha estado al frente del organismo junto a una directiva igualmente invalidada por Alejandra Benítez, entonces mandamás del deporte nacional, por supuestas irregularidades en el manejo del ente.
La organización Fundapatín, la alternativa que aspira asumir las riendas del patinaje nacional con William Rojas a la cabeza, salió al paso a una serie de anuncios que dio Arcilla en días pasados a un medio nacional, entre los que destaca el llamado a elecciones de la Federación para el mes de agosto.
En este sentido, Antonio Quintero, asesor jurídico de Fundapatín, aseguró que Arcilla no pudiese llamar a elecciones ni de presidencia ni de Asociaciones como lo ha venido haciendo, debido que sobre su cargo y toda su junta directiva, recae una inhabilitación administrativa de acuerdo con la intervención emitida en fecha 12 de agosto del 2013 y publicado en gaceta oficial 40.234, emanada por el Ministerio del Deporte, en donde reza la apertura de investigación a sus procesos administrativos que, por ende, lo dejarían desde ese momento y por cuatro años, sin autoridad alguna.
“Para aquel momento cuando sale la gaceta, el presidente y toda su junta directiva queda intervenida por la investigación a presuntos malos manejos, por lo que Fabián Arcilla queda inhabilitado de su cargo por parte del estado venezolano, sin embargo, sí la intervención cesara a su favor, el pudiese volver a su cargo. El problema radica en que además de eso, ya hay un segundo acto administrativo por parte del Instituto Nacional del Deporte, en donde se desconoce a toda la junta directiva electa para el periodo 2013-2017 encabezada por Arcilla, esto quiere decir, que estando intervenido o no, no hay ningún reconocimiento sobre su cargo ”, explicó el jurista.
Asimismo, Quintero señaló que por esta prohibición el dirigente no sólo queda sin poder de convocatoria para elecciones, sino además quedaría excluido como posible candidato a un venidero proceso electoral.
“Un dirigente intervenido tiene prohibición de actuar y más aun siendo desconocido por el IND. No puede convocar a elección, en primer lugar por la prohibición que recae sobre él tras la intervención, y en segundo porque tras el desconocimiento de su mandato pasaría a ser ilegal, es decir que cualquier convocatoria o movimiento que se haga encabezada por él, quedaría anulado inmediatamente”, dijo.
Asociaciones deben convocar
Ante este escenario son las asociaciones regionales legalmente constituidas las que deben asumir la potestad electoral y convocar al proceso, en el primer trimestre del año, tal como lo indica la ley.
“La función política del mencionado dirigente es tratar de que sus facciones ganen, por eso llama a elecciones regionales para intentar poner a ganar a sus candidatos, para además así dar tiempo a que se acabe su inhabilitación que sería el 13 de agosto de este 2017, no obstante, como no puede hacer nada para este momento por ser un ciudadano común y corriente, son las asociaciones, o por lo menos un tercio de ellas, las que deben organizarse y actuar en conjunto desde este momento”, sostuvo Quintero. (MJS)