La deuda de Arantxa Sánchez Vicario con la Agencia Tributaria fue avalada y pagada por un banco español, que a la vez recibió, en abril y en octubre de 2010, un total de 5,2 millones de euros de un banco extranjero, que a la vez le pidió el dinero a la extenista. Al no cobrar, este banco extranjero interpuso una demanda en marzo de 2011 contra la deportista, que acabó con una sentencia de un juzgado de Esplugues de Llobregat, en septiembre de 2013, que condenaba a Sánchez Vicario a pagar la deuda. La jugadora no pagó y una interlocutoria de enero de 2014 hizo ejecutar la sentencia por valor de 7,5 millones de euros, teniendo en cuenta los intereses.

Según la fiscalía, para evitar el embargo de cuentas y propiedades, Sánchez Vicario y su entonces marido, Josep Santacana, junto con otras cinco personas, idearon un plan para descapitalizarse y frustrar la ejecución de la sentencia. Vaciaron todas las cuentas bancarias, desaparecieron todas las cantidades que había cobrado en procedimientos judiciales contra sus padres y otras personas, e incluso el dinero cobrado, a veces de forma opaca, por parte de medios de comunicación o en concepto de derechos de autor de un libro de 2010.

Santacana administraba varias sociedades propiedad de la extenista, empresas que básicamente gestionaban patrimonio inmobiliario. El matrimonio decidió traspasar una veintena de viviendas, plazas de aparcamiento, terrenos y locales situados en varios puntos de Cataluña como Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o Premià de Mar, y también en Formentera. Las propiedades pasaron a una sociedad uruguaya.

Los otros cinco investigados actuaron como testaferros o mediadores en estas sociedades y facilitaron el traspaso de las propiedades a otras empresas fuera de España.

Por todo esto, la fiscalía pide cuatro años de prisión y 8.640 euros de multa para la extenista y su marido por alzamiento de bienes e insolvencia punible, tres años y medio de prisión y 7.560 euros de multa para otros cuatro investigados como cooperadores necesarios, y dos años y nueve meses de prisión y 7.200 euros de multa para el quinto investigado.

Además, Sánchez Vicario y su pareja tendrán que indemnizar conjuntamente el banco con 6,1 millones de euros. Los otros cinco acusados tendrán que indemnizar a la entidad bancaria con un total de 12,3 millones de euros. También las siete empresas relacionadas con los hechos tendrán que indemnizar al banco, como responsables civiles subsidiarias, con un total de cerca de 11 millones de euros.